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La emigración como institución dominicana

Irene Castellanos·Mesa de Redacción·septiembre de 2026

Este ensayo sostiene que la emigración dominicana no es una fuga ni una anomalía, sino una institución del país: una conducta que se repite desde hace seis décadas, con papeles, reglas y expectativas, y con una infraestructura que la reproduce. Sostenerlo no es aprobarlo.

1Describir no es aprobar

En sociología, «institución» no es un premio. El duelo por honor ha sido una institución; la dote, también. La palabra no reparte méritos: describe una forma. Este texto no afirma que la emigración sea buena; afirma que es estable y que tiene una estructura descriptible.

2Qué convierte una práctica en institución

Un flujo no es una institución. Aquí el término exige cuatro condiciones, con el mismo sentido en todo el texto.

Regularidad que atraviesa generaciones. La conducta se repite no porque cada quien la invente, sino porque otros la practicaron antes.

Expectativa compartida. Los demás —familia, acreedores, constructores— organizan su vida contando con ella.

Papeles y reglas. Hay posiciones definidas —quien se va, quien se queda, quien envía, quien recibe y administra, quien cuida— con obligaciones y sanciones, casi todas informales.

Infraestructura que la reproduce. Redes de parentesco que colocan al recién llegado, empresas remesadoras y entidades financieras que pagan los envíos, trámites.

3La inflexión: una serie de noventa años y dos leyes

Las estadísticas de inmigración del gobierno federal estadounidense publican, por décadas desde 1820, cuántas personas obtuvieron allí la residencia permanente legal según su país de última residencia. Para la República Dominicana la serie registra 1,165 personas en los años treinta, 4,802 en los cuarenta y 10,219 en los cincuenta. En los sesenta, 83,552. Después: 139,249 en los setenta, 221,552 en los ochenta, 359,818 en los noventa, 291,492 en la primera década de este siglo y 503,978 en la segunda.

La serie tiene límites. Es un conteo administrativo de residencias concedidas en un solo país de destino, ordenado por última residencia y no por nacimiento; no cuenta salidas, no cuenta a quien fue y volvió, y no cuenta a quien vive fuera sin ese estatus. Aun así muestra lo que ningún dato de un solo año muestra: una inflexión en los años sesenta —el registro se multiplica por ocho respecto de la década anterior— y seis décadas consecutivas por encima de las ochenta mil personas. Eso es regularidad intergeneracional medida, no supuesta.

Un salto así en diez años apunta a un cambio de condiciones más que de deseos. Qué cambió dentro del país en esa década —el régimen de salida, la urbanización, la transformación agraria— es una pregunta que este ensayo no pudo responder con fuente primaria y deja abierta.

Lo que sí verificó es el marco legal del destino. La ley estadounidense del 3 de octubre de 1965 hizo dos cosas a la vez. Prohibió discriminar por raza, sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento o residencia en la expedición de visados de inmigrante, con excepciones expresas. Y en su sección 21 fijó, desde julio de 1968 y salvo ley en contrario, un máximo anual de 120,000 inmigrantes nacidos en países independientes del hemisferio occidental, sin contar a los familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Para un dominicano, lo primero cambiaba poco, porque esa misma ley ya lo dejaba fuera de los límites generales; lo segundo era nuevo: hasta entonces esa inmigración no tenía techo.

Además, el canal de parentesco que quedó fuera de ese techo era estrecho: cónyuge, hijos y padres de un ciudadano estadounidense. No incluía hermanos ni hijos casados. El sistema de preferencias que reparte visados entre hermanos de ciudadanos y entre cónyuges e hijos solteros de residentes, junto con el tope de 20,000 por país, se extendió al hemisferio occidental con la ley del 20 de octubre de 1976.

De ahí se sigue algo. La inflexión de los sesenta es anterior a 1976: el flujo se multiplicó sin que el sistema de preferencias lo ordenara. Si la cadena familiar ya operaba —el ensayo lo supone, no lo mide—, la ley no la creó: la convirtió en procedimiento. Le puso turnos, plazos, titularidades y papeles. Ese es el paso de una práctica a una institución con reglas.

4El dinero: qué mide la cifra y qué no

Según el informe del Banco Central sobre 2025, publicado en marzo de 2026, el ingreso secundario cerró el año con un saldo neto positivo de US$11,301.1 millones, que el emisor atribuye a un aumento de 9.3 % interanual en los flujos de remesas recibidos; más del 80 % de los flujos formales provino de Estados Unidos. El ingreso secundario es una partida más amplia que las remesas.

Contra el producto, la serie del Banco Mundial da 9.7 % en 2025. Entre 2000 y 2019 estuvo entre 7.0 % y 8.3 %, salvo en 2003 y 2004 (10.9 % y 11.2 %); subió a 10.6 % en 2020 y a 11.3 % en 2021, y bajó a 8.8 % en 2023. No conviene leer estructura donde hay aritmética: es un cociente y se mueve por sus dos términos. En 2003 y 2020 subió con la caída del producto medido en dólares corrientes, que en 2004 seguía por debajo del de 2002; en 2021, porque las remesas crecieron más deprisa que un producto que ya se recuperaba. Ese indicador suma transferencias personales y remuneración de empleados, y su numerador no es independiente: procede de la balanza de pagos que compila el propio Banco Central.

La estadística dominicana de remesas, según la describió el Banco Central al presentar su nueva fuente de información para 2013, se construía sumando dos cosas distintas: los envíos formales, registrados por el sistema de notificación electrónica de las instituciones financieras, y una estimación de los informales obtenida de una encuesta continua aplicada en los aeropuertos. Una parte se cuenta y otra se calcula. Que un banco central tenga que estimar lo que no pasa por el sistema financiero dice algo que ninguna cifra dice: la práctica desborda su registro.

El costo medio de enviar 200 dólares al país pasó, según el Banco Mundial, de 7.8 % del monto en 2016 a 2.5 % en 2023, con una caída brusca entre 2018 y 2019 que la serie no explica, y sin datos publicados para 2024 ni 2025.

5El territorio y la casa

En la distribución territorial que el Banco Central publicó para 2013, la provincia que encabezaba la recepción era Santiago, seguida de Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y una veintena más. El dato mide dónde se cobraba la remesa, no necesariamente dónde vivía el hogar. Aun así, para ese año, la recepción estaba repartida entre provincias de varias regiones: describirla solo desde la capital habría sido un error.

Sobre la vivienda, la hipótesis es que parte de la inversión residencial se financia desde fuera y se levanta por etapas, al ritmo de los envíos: la casa sería la forma material de la emigración. Queda sin probar: ni el crédito para vivienda ni el valor agregado de la construcción separan esa obra, y este ensayo no consultó encuestas de hogares.

6Lo que decide la casa

Aquí sí hay evidencia dominicana, y es reciente. Un estudio publicado por el Banco Central en su Serie de Estudios Económicos 2025, con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo de 2024, encuentra que cada DOP 10,000 adicionales de remesas se asocian con una reducción de 1.39 puntos porcentuales en la probabilidad de estar empleado cuando quien recibe es el propio individuo, y de 0.35 puntos cuando recibe otro miembro del hogar; con una reducción de 2.9 puntos en la probabilidad de empleo formal del receptor; y con un aumento de 0.4 puntos en la probabilidad de estar estudiando cuando quien recibe es otro miembro del hogar. Con un ejercicio contable aparte, sus autores estiman además que cerca del 4.5 % de los puestos de trabajo del país está asociado al consumo que las remesas financian.

Tres cautelas antes de usarlo. Los resultados son asociaciones, no efectos causales demostrados. Los propios autores advierten que, para el individuo promedio, los efectos tienen poca magnitud económica. Y el cálculo de empleo combina el total de remesas de 2024 con patrones de consumo de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares de 2018, y supone que todas las remesas se destinan a consumo. Con esas cautelas, el estudio no autoriza a afirmar que las remesas desincentivan el trabajo; sus autores hablan de un desincentivo posible y relativamente bajo.

Lo que sí autoriza es otra cosa. El resultado cambia según quién recibe, y los autores lo atribuyen, como posibilidad, al papel de esa persona dentro del hogar: quien recibe directamente suele ser el jefe o la jefa de familia, con más control sobre el uso de los recursos. Un precio no produce eso. Una jerarquía doméstica, sí. Ahí está la tercera condición de la sección 2 —papeles y reglas— con una medición indirecta.

7Lo que el derecho reconoció tarde

La Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 dispone en su artículo 81 que la Cámara de Diputados se compone de 178 diputados elegidos por circunscripción territorial, cinco elegidos a nivel nacional y siete en representación de la comunidad dominicana en el exterior; el texto vigente, de 2015, conserva esa disposición. Son siete de 190 escaños: un 3.7 % de la cámara.

Un Estado que reserva parte de su representación legislativa a la comunidad que vive fuera de su territorio reconoce que la sociedad que gobierna se extiende más allá de sus fronteras; y ese reconocimiento consta, a más tardar, en 2010, más de cuatro décadas después de la inflexión de los sesenta. La práctica fue primero.

8Tres objeciones

La primera: esto normaliza un fracaso. Llamar institución a la emigración convertiría en rasgo estable el resultado de una economía que no retiene a su gente; y una descripción que se detiene en la descripción termina funcionando como justificación.

Hay que conceder la segunda mitad. Una descripción que no dice quién pierde se convierte en excusa. Una institución no es una solución cualquiera: es una solución que se volvió obligatoria, con costos repartidos por posición. Quien se va carga con la separación y con el trabajo que encuentre. Quien se queda depende de un ingreso que no controla. Y el cuidado de quienes quedan, que es trabajo, recae sobre alguien que no lo negoció. El concepto no tapa nada de eso: sirve para preguntar quién ocupa cada posición y qué le cuesta. Y explica una diferencia que importa. Donde un Estado organiza la salida, la institución resultante es pública, con oficina y presupuesto; aquí las reglas son reglas de familia, las sanciones son informales y la infraestructura es de parentesco. Nombrar eso no lo vuelve aceptable: lo vuelve inteligible.

La segunda: esto no se puede aislar. El ingreso por remesas es contable, pero el efecto sobre expectativas, inversión y vida pública no se separa del turismo, las zonas francas y la urbanización. La objeción se concede entera: este ensayo no afirma que la emigración explique el crecimiento dominicano, y el propio Banco Central suma las remesas a las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa cuando cuenta los ingresos de divisas del país.

Hay que conceder algo más, porque afecta a la prueba. Un criterio de refutación tentador sería comparar hogares receptores con hogares parecidos que no reciben. No sirve: recibir remesas no se asigna al azar, y las diferencias previas entre unos y otros —riqueza, región, redes, escolaridad— pueden ser las mismas que explican quién pudo mandar a alguien afuera. Lo que decidiría el punto es un diseño que trate esa selección: hermanos que se fueron y hermanos que se quedaron, o variación en el momento de la salida dentro de una misma comunidad. Este ensayo no hace ese trabajo.

La tercera es la más dura: no es una institución, es un mercado que lleva sesenta años sin vaciarse. Hay una explicación puramente económica que produciría lo mismo que las cuatro condiciones sin necesidad de norma alguna: un diferencial de ingreso que no se cerró, un costo de llegada que baja con cada pariente ya instalado y un costo de envío que cayó a la tercera parte en siete años. Si basta con eso, «institución» no describe una forma: le pone nombre a un equilibrio.

Aquí también hay que conceder. El propio Banco Central cuenta entre los principales factores de las remesas de 2025 el desempeño económico y el nivel de empleo de Estados Unidos, una variable cíclica extranjera. Y la serie de costos no decide: entre 2016 y 2023 el costo de enviar cayó más de cinco puntos porcentuales y el peso de las remesas en el producto subió de 7.3 % a 8.8 %, que es lo que ambas lecturas esperarían.

Lo que las separa no es por qué se quiere salir, sino por dónde se sale. El diferencial de ingreso explica la demanda; no explica el reparto. En el año fiscal 2023 obtuvieron la residencia permanente en Estados Unidos 68,870 personas nacidas en la República Dominicana: 68,280 como familiares inmediatos de ciudadanos o por preferencias familiares, y 370 por preferencias de empleo. No es una muestra, es el conteo de todas las concesiones del año, y dice que el parentesco no solo abarata la entrada: es casi la única vía legal a la residencia. Un mercado de trabajo repartiría el acceso por empleo; aquí se reparte por posición en una familia.

Pero hay un límite. La regla que reparte por parentesco la fija la ley del destino, no la sociedad dominicana. Y la prueba que zanjaría la objeción —observar si la conducta persiste cuando el diferencial de ingreso se cierra— no la ofrece ninguna de las fuentes de este ensayo. Lo que queda mostrado es que el acceso se ordena por parentesco y el dinero, según la asociación de la sección 6, por posición en la casa; no que esa forma sobreviviría sin la diferencia de ingreso.

9Cierre

Condición por condición: la regularidad intergeneracional está documentada, para un solo país de destino, en una serie de noventa años; los papeles y las reglas se ven en un acceso que en 2023 la ley del destino repartió casi solo por parentesco y, de forma indirecta, en un estudio con datos de 2024; la infraestructura tiene un precio observable, que bajó entre 2016 y 2023; la expectativa compartida sigue siendo la menos probada de las cuatro, y este ensayo no la da por probada.

Una lectura de la República Dominicana que deje fuera la emigración describe un país donde la unidad doméstica cabe dentro de las fronteras, y ese país empezó a dejar de existir en los años sesenta.

La pregunta de fondo no es si la emigración es buena. Es esta: qué parte de la vida dominicana está organizada para funcionar solo si alguien se va, y qué tendría que cambiar en la estructura para que dejara de estarlo.

Fuentes

Consultas y verificación editorial: 15 y 17 de septiembre de 2026. Ninguna obra se cita textualmente. Lo que este ensayo no usa. Ninguna cifra dominicana sobre la magnitud acumulada de la población en el exterior ni sobre la proporción de hogares receptores: no se pudieron verificar en fuente primaria durante la elaboración de este texto. Firma: Pendiente de aprobación del propietario.

  1. Office of Homeland Security Statistics, Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, «Table 2. Persons Obtaining Lawful Permanent Resident Status by Region and Selected Country of Last Residence: Fiscal Years 1820 to 2022».
    • Naturaleza: conteo administrativo de concesiones de residencia permanente legal, por años fiscales y por país de última residencia (desde 1906; antes, país de origen). No cuenta por nacimiento ni cuenta salidas.
    • Valores de la República Dominicana por décadas: 1,165 (1930-1939); 4,802 (1940-1949); 10,219 (1950-1959); 83,552 (1960-1969); 139,249 (1970-1979); 221,552 (1980-1989); 359,818 (1990-1999); 291,492 (2000-2009); 503,978 (2010-2019).
    • Obra del gobierno federal de Estados Unidos.
    • https://ohss.dhs.gov/topics/immigration/yearbook/2022/table2
  2. Office of Homeland Security Statistics, «Table 10. Persons Obtaining Lawful Permanent Resident Status by Broad Class of Admission and Region and Country of Birth: Fiscal Year 2023».
    • Naturaleza: conteo administrativo de todas las concesiones del año fiscal 2023, por país de nacimiento (criterio distinto del de la fuente 1). El emisor redondea las celdas a la decena.
    • Fila de la República Dominicana: total 68,870; familiares inmediatos de ciudadanos 28,100; preferencias familiares 40,180; preferencias de empleo 370; diversidad 0; refugiados y asilados 90; otros 130.
    • Obra del gobierno federal de Estados Unidos. Consulta del 17 de septiembre de 2026.
    • https://ohss.dhs.gov/topics/immigration/yearbook/2023/table10
  3. Banco Central de la República Dominicana, «Informe de la economía dominicana, enero-diciembre 2025», marzo de 2026, p. 41, cdn.bancentral.gov.do. Sustituye al informe de resultados preliminares, que daba US$11,302.3 millones y 10.3 %; consultado el 18 de septiembre de 2026.
  4. Banco Mundial, World Development Indicators, indicador `BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS`, «Personal remittances, received (% of GDP)», República Dominicana.
  5. Banco Mundial, World Development Indicators, indicador `SI.RMT.COST.IB.ZS`, «Average transaction cost of sending remittances to a specific country (%)», República Dominicana.
  6. Banco Central de la República Dominicana, «Las Remesas en la República Dominicana para 2013 Bajo Nueva Fuente de Información», de David Savery, coordinador técnico (capítulo 5, pp. 157-161).
    • Descripción metodológica en la p. 158: registro de los envíos formales por el sistema de notificación electrónica de las instituciones financieras de la Superintendencia de Bancos, y estimación de los informales con la encuesta de gastos a dominicanos residentes y no residentes aplicada de forma continua en los aeropuertos.
    • Distribución provincial de los flujos de 2013 en las pp. 160-161, referida a la localización a la que se dirigen los flujos.
    • https://cdn.bancentral.gov.do/documents/biblioteca/documents/coyuntura/5Remesas.pdf
  7. Pedro G. Peña y Diego E. Ramírez, «Remesas y participación en el mercado laboral en la República Dominicana», capítulo 1 (pp. 13-46) de la Serie de Estudios Económicos 2025 del Banco Central de la República Dominicana (ISSN 2811-5198).
    • Datos en las pp. 24-26; resultados y conclusión en las pp. 38-40.
    • Naturaleza: resultados de un estudio, expresados como asociaciones.
    • Las estimaciones de empleo y estudio usan la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo de 2024 (69,862 observaciones, p. 25).
    • El ejercicio contable de empleo usa el total de remesas de 2024, la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares de 2018 y los cuadros de oferta y utilización, y supone que todas las remesas se consumen (p. 26, nota 5).
    • La publicación advierte que el contenido es responsabilidad de sus autores y no representa necesariamente la opinión del Banco Central, y prohíbe la reproducción parcial o total sin autorización: aquí se cita como hecho con fuente y página, sin reproducir texto.
    • https://cdn.bancentral.gov.do/documents/trabajos-de-investigacion/documents/SEE-2025.pdf
  8. Estados Unidos, Public Law 89-236, de 3 de octubre de 1965, 79 Stat. 911, enmienda a la Immigration and Nationality Act. Disposiciones usadas:
    • sección 201(a), números fijados sin contar a los inmigrantes especiales, y 201(b), familiares inmediatos (cónyuge, hijos y padres de un ciudadano) fuera de los límites numéricos (p. 911);
    • sección 202(a), prohibición de discriminar con excepciones expresas (p. 911);
    • sección 8, artículo 101(a)(27)(A), inmigrantes especiales nacidos en países independientes del hemisferio occidental (p. 916);
    • sección 20, entrada en vigor (p. 920);
    • sección 21(c) y (e), comisión sobre la inmigración del hemisferio occidental y techo de 120,000 desde el año fiscal iniciado el 1 de julio de 1968, salvo ley en contrario (pp. 920-921).
    • https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-79/pdf/STATUTE-79-Pg911.pdf
  9. Estados Unidos, Public Law 94-571, de 20 de octubre de 1976, 90 Stat. 2703, «Immigration and Nationality Act Amendments of 1976». Disposiciones usadas:
    • sección 2, que reescribe el artículo 201(a) y fija 120,000 para el hemisferio occidental (p. 2703);
    • sección 3, que introduce el límite de 20,000 por Estado extranjero y la escala de preferencias, con 24 % para hermanos y hermanas de ciudadanos y 20 % para cónyuges e hijos solteros de residentes permanentes (pp. 2703-2704).
    • https://www.congress.gov/94/statute/STATUTE-90/STATUTE-90-Pg2703.pdf
  10. Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero de 2010, Gaceta Oficial No. 10561 del 26 de enero de 2010, artículo 81, numerales 1, 2 y 3.

Lecturas que este ensayo no usó. Se enumeran porque existe una literatura sobre este tema y este texto no la consultó; no se les atribuye ninguna afirmación. Sherri Grasmuck y Patricia R. Pessar, Between Two Islands, University of California Press, 1991 (ficha de catálogo del editor: https://www.ucpress.edu/books/between-two-islands).

Las firmas de la Mesa de Redacción son voces editoriales de La Cátedra. Sus textos se elaboran con asistencia de inteligencia artificial y se publican tras edición, verificación y aprobación bajo la responsabilidad editorial de Johnny Pujols, director de La Cátedra.

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